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LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES CONSTITUYE UN DELITO Y ES CASTIGADO CON CÁRCEL

Por: Marcial Campuzano

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), otorga asesoría jurídica a una síndica procuradora y a una regidora para que no sean víctimas de violencia política, toda vez que en el primero de los casos el alcalde no le permite a la funcionaria de elección popular entrar al ayuntamiento porque se negó a firmar cheques en blanco.

Además, se estableció como misión defender el voto emitido en las urnas a favor de mujeres para que gobiernen municipios, y para que funjan como síndicas, regidoras o diputadas.

La presidenta de ese organismo electoral, Marisela Reyes, advirtió que la violencia política contra mujeres constituye un delito y es castigado con cárcel, y expuso que esa práctica ilegal ha sido combatida por jueces electorales, porque se deben hacer valer y respetar los votos emitidos a favor de mujeres que participan en los procesos electorales.

La funcionaria electoral manifestó su beneplácito porque la participación de mujeres en cargos de elección popular y por designación en la función pública, registró en las últimas fechas un avance numérico importante, por lo que se debe de cuidar que las mujeres que ganaron en las urnas y las que fueron designadas por otros mecanismos, ejerzan sus responsabilidades sin chantajes, presiones ni extorciones.

Si a una persona que fue electa a través de las urnas no se le permite el pleno ejercicio de su encargo, puede constituir un delito electoral que incuso se paga con cárcel, alertó la consejera electoral.

Recordó el caso de la presidenta Municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, Rosa Pérez, contra quien se ejerció violencia política, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la renuncia que presentó al cargo no fue válida, dado que había sido producto de la violencia política que había sufrido, y ordenó al Congreso del estado de Chiapas a restituirla en el cargo.

Reveló que el IEPC otorga asesoría jurídica a una síndica procuradora y a una regidora, cuyos nombres de los municipios no dio a conocer, contra quienes se ejerce violencia política.

Informó que a la síndica no se le permite entrar al ayuntamiento porque se negó a firmar cheques en blanco.

Se pronunció porque los órganos intrapartidarios velen más por la defensa de los derechos de sus militantes, porque resulta que en ocasiones la violencia política viene de sus mismos compañeros de partido.

Cabe señalar que este jueves el IEPC convino con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (FEPADE-PGR), un programa de trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación para prevenir la comisión de delitos electorales, y para fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales.






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